Régimen general de ley: qué es y a quién le toca

¿Qué es el régimen general de ley?

Es como se le llama en la práctica al Título II de la Ley del ISR, «De las personas morales». No es un régimen opcional al que uno se inscribe: es el que aplica por defecto a toda sociedad residente en México que no esté en un régimen especial. Su regla central está en el artículo 9: las personas morales calculan el impuesto aplicando al resultado fiscal del ejercicio la tasa del 30 %.

El resultado fiscal se construye en dos pasos que el mismo artículo describe. Primero se obtiene la utilidad fiscal restando de los ingresos acumulables las deducciones autorizadas y la participación de los trabajadores en las utilidades pagada en el ejercicio. Después, a esa utilidad se le disminuyen las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de aplicar.

Cómo funciona en la práctica

El régimen general trabaja sobre lo devengado: los ingresos se acumulan cuando se realizan los supuestos que la ley señala, no necesariamente cuando entra el dinero, y las deducciones se aplican cuando se cumplen sus requisitos. Esa es la diferencia estructural con el RESICO de personas morales, que trabaja sobre flujo de efectivo.

Durante el año se hacen pagos provisionales mensuales calculados con un coeficiente de utilidad derivado del ejercicio anterior, y en marzo se presenta la declaración anual. A eso se suman las obligaciones del artículo 76: llevar contabilidad, expedir CFDI, presentar declaraciones informativas, llevar el registro de la cuenta de utilidad fiscal neta y, cuando hay operaciones con partes relacionadas, la documentación de precios de transferencia.

Régimen general, RESICO de personas morales y persona física

La confusión frecuente es creer que «general» significa «el más caro» o «el de las empresas grandes». Significa el que aplica cuando no hay otro. Esta tabla ubica las tres opciones que compiten en la práctica.

Ejemplo con números

Una sociedad tiene ingresos acumulables por $8,000,000 y deducciones autorizadas por $6,200,000 en el ejercicio, y pagó $150,000 de PTU. Su utilidad fiscal es de $1,650,000. Si trae una pérdida fiscal pendiente actualizada de $400,000, su resultado fiscal es de $1,250,000 y el ISR del ejercicio, $375,000 al 30 %.

Contra esos $375,000 se acreditan los pagos provisionales enterados durante el año. Ese es el punto donde más empresas se descuadran: un coeficiente de utilidad mal determinado hace que se pague de más durante doce meses y se termine con un saldo a favor inmovilizado, o de menos y se llegue a marzo con un desembolso que nadie presupuestó.

El error común y qué revisar

El error común es asumir que la constitución de la sociedad define el régimen. No lo define: el régimen se determina por lo que la ley establece para cada tipo de contribuyente y por el cumplimiento de los requisitos de los regímenes especiales. Una S.A. de C.V. puede estar en el Título II o en el RESICO de personas morales; lo que decide es su composición accionaria, su nivel de ingresos y los supuestos de exclusión del artículo 206.

Qué revisar cada cierre: que el coeficiente de utilidad esté bien calculado con la declaración del ejercicio anterior; que las deducciones cumplan los requisitos del artículo 27, empezando por el pago bancarizado de erogaciones mayores a $2,000; que las pérdidas pendientes se apliquen en cuanto haya utilidad; y que la CUFIN esté actualizada antes de repartir dividendos, porque de ella depende que el reparto no genere impuesto adicional a cargo de la sociedad.